Primera demanda de este tipo en Puerto Rico busca recobrar millones de dólares

SAN JUAN (CyberNews) – El Departamento de Justicia de Puerto Rico demandó el martes a más de treinta convictos por corrupción, en un esfuerzo para recuperar los fondos públicos malversados y los daños ocasionados al pueblo mediante esquemas ilegales que han provocado pérdidas millonarias.

“Vamos a recuperar el dinero del pueblo puertorriqueño y a reclamarles una cuantía que suma tres veces el daño causado por parte de quienes se han apropiado ilegalmente de los fondos públicos”, expresó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, en conferencia de prensa.

El Departamento de Justicia presentó 15 demandas ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, fundamentadas en el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico, por una cuantía total que supera los treinta millones de dólares.

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DEMANDA POR CORRUPCIÓN A 30 CONVICTOS PARA RECOBRAR MILLONES QUE PERTENECEN AL PUEBLO

Exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero
Exalcalde de Trujillo Alto, José L. Cruz Cruz
Exalcalde de Cataño, Félix Delgado Montalvo
Exalcalde de Guayama, Eduardo Cintrón Suárez
Exalcalde de Aguas Buenas, Javier García Jiménez
Exalcalde de Humacao, Reinaldo Vargas Rodriguez
Exalcalde de Yauco, Abel Nazario Quiñones
Exalcalde de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués
Exlegisladora, María Milagros Charbonier
Exlegisladore, Nelson Del Valle Colón
Exlegisladore, Néstor Alonso Vega
Las corporaciones, J.R. Asphalt, Inc. y Waste Collection Corp
El empresario Oscar Santamaría
El esposo de Charbonier, Orlando Montes Rivera
La exempleada de Charbonier, Frances M. Acevedo Ceballos

OTROS:
Humberto Oscar Pagán Sánchez
Kelvin Ortiz Vergara
Ramón Enrique Martes Negrón
Juan Rosario Nuñez
Raymond Rodríguez Santos
Claribel Rodríguez Canchani
Alejandro José Riera Fernández
Arnaldo Jerónimo Irizarry Irizarry
Erick Rondón Rodríguez
Eduardo Cintrón Suarez
Eugenio García Jimenez
Stephen Kirkland
Joseph Kirkland
Javier Benítez Cardona
Edwin Torres Gutiérrez
Mario Villegas Vargas

“Con esta acción enviamos un mensaje claro y contundente de que la corrupción tiene consecuencias severas en Puerto Rico. Esperamos que sea un disuasivo el tener que devolver con creces lo que le han robado al pueblo”, añadió Emanuelli Hernández.

El Código Anticorrupción permite al Estado solicitar al tribunal órdenes provisionales para asegurar el pago de las sentencias, incluyendo embargos y prohibiciones de enajenar bienes. Esta medida se alinea con la política pública del gobernador Pedro Pierluisi para combatir la corrupción y garantizar la seguridad y justicia en la administración pública.