Alcalde Márquez explica a su pueblo sobre la crisis fiscal

Michelle González Paonessa

michelle@elexpresso.com

TOA BAJA — Tal y como había adelantado el alcalde Bernardo “Betito” Márquez, mientras pasan los días se evalúa a quién se queda y quién se va del municipio.

Ante un municipio con finanzas en quiebra, el alcalde Márquez había anticipado que tan pronto como en mes de abril, se reducirá a 30 horas la jornada laboral del total de los empleados municipales y que antes de que inicie ese período, se evaluaría la productividad y necesidad de decenas de empleados transitorios.

La pasada semana El Expresso supo sobre la entrega de un centenar de misivas a empleados transitorios notificándoles el cese de sus funciones. Ello fue confirmado por la portavoz de Prensa del municipio, Brenda Mangual, quien reafirmó que se trataba de la información que había anticipado el primer mandatario municipal sobre la no renovación de contratos, según el resultado de evaluaciones.

“Se trata de empleados transitorios que en las vistas de transición no estaban presupuestados y a quienes se les evalúo”, indicó Mangual.

La situación económica en Toa Baja es crítica por lo que el alcalde Márquez le anticipó a su personal y a la comunidad en general las medidas que estaría implementando.

Precisamente el pasado sábado, con amplia representación de todos los sectores del Municipio, se llevó a cabo la Primera Asamblea de Pueblo, en el Complejo Deportivo Llanero, en Levittown.

Allí, el Alcalde aclaró que, entre sus prioridades, tendrá “ordenar la casa, reestructurar la deuda y establecer un plan de pueblo”.

Márquez presentó un informe de rendición de cuentas en la que detalló que la deuda que encontró al tomar posesión como alcalde asciende a $201.8 millones, entre compromisos con agencias gubernamentales estatales, federales y suplidores privados.

Además, mostró un informe sobre instalaciones en condiciones deplorables y el funcionamiento de tres camiones de los 12 asignados al recogido de desperdicios con lo que se topó al llegar a la poltrona municipal.

Ideas y propuestas

Márquez explicó algunas de las propuestas para el desarrollo económico mediante propuestas federales, la designación de la marca de pueblo “Orgullos Llanero” y la participación ciudadana.

Entre sus planes, gestiona que Parques Nacionales transfiera a su municipio la Isla de Cabras y convertir a Palo Seco y su balneario en puntos de atracción turística.

También busca mayor atracción en el turismo deportivo, médico, cultural, artístico, bellas artes, artesanías, hoteles y alcaldías hermanas, así como promover las pequeñas y medianas empresas (Pymes); una Zona Libre de Comercio y el desarrollo de la agricultura, acuaponía e industria pesquera.

De la misma forma, afirmó que lucha para lograr una revitalización del casco urbano e intensificar el programa de vivienda, entre otros.

De hecho, en días pasados, el secretario de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy Rivera, realizó un recorrido por la zona industrial del municipio para delinear estrategias de crecimiento económico.

Diálogo directo

Entre las preocupaciones de los toabajeños en la Asamblea de Pueblo estuvieron atender situaciones particulares por comunidades, por lo que el Alcalde sentó las bases para una serie de diálogos comunitarios posteriores en los que se discutirán recomendaciones de política pública.

Informó que dividió la ciudad por áreas geográficas entre Norte, Sur, Este y Oeste para comenzar diálogos con líderes de sectores y así trabajar de forma personal con cada una de las preocupaciones.




Bayamón ayuda a comprar casas abandonadas

Michelle González Paonessa

michelle@elexpresso.com

         BAYAMON — Quizás tenga a su alrededor numerosas residencias abandonadas, algún terreno baldío o hasta antiguos comercios                       cerrados —un verdadero dolor de cabeza para usted y demás vecinos.

Pues, sepa que este problema arropa a todo el País y que cada vez va en aumento.

Lo que una vez fue una elegante urbanización o una calle repleta de negocios, ahora se ha convertido en un vertedero clandestino, hospitalillos para usuarios de drogas y deambulantes.

Sin embargo, en Bayamón, algunos sectores han sido impactados por brigadas de Obras Públicas de la administración municipal.

En un recorrido que hizo El Expresso por las comunidades de Vista Alegre, Braulio Dueño y Hermanas Dávila, nos topamos con decenas de residencias visiblemente abandonadas. Sin embargo, a pesar de la estructura presentar deterioro, no se observan pastizales ni grandes basureros en el exterior.

En ese sentido, el alcalde Ramón Luis Rivera Cruz, nos explicó que cuenta con un plan agresivo de identificar este tipo de estructuras para evitar la propagación de basureros, de animales o insectos y evitar que se conviertan en espacios “peligrosos.”

Anteriormente, vecinos de las antiguas comunidades de Vista Alegre y Braulio Dueño constantemente se quejaban por la gran cantidad de estructuras abandonadas que presentaban riesgos de salud y criminalidad.

“Esto es un problema, porque a nadie le gusta ya mudarse a esta área, se muda una que otra familia porque las rentas son económicas pero nadie compra. Vivimos los mismos y en su mayoría las generaciones próximas de los que nacieron y se criaron en esta área,” apuntó el Alcalde al ser abordado por El Expresso.

“Nosotros sabemos de muchos viejitos que han muerto y sus hijos ya viven en otras partes y las casas se quedan vacías”, explicó una vecina de Vista Alegre que lleva más de 30 años residiendo en el sector.

En el caso de Hermanas Dávila, contabilizamos siete casas vacías en una misma calle. De estas, solo tres se veían bastante deterioradas incluyendo sus patios crecidos, y la ausencia de ventanas y/o puertas.

Según los relatos de algunos residentes del área, algunos invasores que allí pernoctan, fuman marihuana, consumen otras sustancias controladas y hasta sospechan que en algún momento ha sido punto de droga o servido de motel.

De hecho, los alrededores de dicha comunidad son comúnmente utilizados por prostitutas en altas horas de la noche, específicamente cerca de la Estación de Bomberos, el residencial Las Gardenias, así como esquinas de la Cancha Pepín Cestero, la Avenida Betances, áreas cercanas al Residencial José Celso Barbosa en la carretera 861.

La Sra. Rodríguez, quien lleva residiendo hace más de 20 años en la comunidad, alegó que ha disminuido la problemática ante la presencia constante de las autoridades y la limpieza de los alrededores.

No obstante, Hermanas Dávila podría sobrepasar la veintena de residencias abandonadas.

Algunas de las estructuras actualmente están en esqueleto, no tienen puertas ni ventanas, pero rodeadas de basura y escombros.

 

Plan de limpieza

 

Aunque el plan de rehabilitación y/o mantenimiento a las áreas verdes de estas estructuras abandonadas realiza el Municipio de Bayamón, el Alcalde subrayó que sus brigadas no pueden entrar en las residencias por riesgo a demandas.

“Nosotros podemos limpiar un poco afuera, pero el municipio se arriesga a confrontar demandas por parte de los dueños. Muchas de ellas pertenecen a bancos y son ellos quienes deben dar mantenimiento,” explicó Rivera Cruz.

A petición de El Expresso, sobre el número de residencias abandonadas en Bayamón, el municipio confirmó que no lleva un conteo específico de casas en abandono. Sin embargo, si trabajan el proceso de atender y declaración de estorbos públicos, según van identificando cada caso.

 

Ayuda para comprar

 

Dentro de la crisis económica que vive Puerto Rico, el Primer Ejecutivo municipal aseguró que Bayamón cuenta con programas de ayuda económica federal para la compra de un nuevo hogar.

“De estas mismas casas abandonadas, familias han logrado comprar casitas hasta en sesenta mil dólares y Bayamón ofrece ayuda para quienes cualifiquen, de hecho, esta semana firmé varios títulos. Hay muchas residencias vacías que a pesar de estar deterioradas por el tiempo que llevan abandonadas, están económicas y poco a poco se van arreglando”, explicó.




Sepultan a uno de los secuestrados

Michelle González Paonessa

michelle@elexpresso.com

TOA ALTA — Entre el dolor por la pérdida, y la angustia por aún desconocer qué pudo llevar a los responsables a cometer el macabro asesinato, este pasado lunes los familiares de Víctor “Yeyo” Figueroa Cordero, dieron eterna sepultura a los restos del joven.

Figueroa Cordero, se alega, fue secuestrado el pasado 18 de febrero junto a su amigo Pedro Steven Maisonet Cedeño, de 23 años, cerca de una gasolinera en la carretera 165 de este pueblo.

Luego de semanas de búsqueda, aparecieron ambos cuerpos calcinados dentro de un vehículo en los terrenos de una finca aislada en Vega Baja.

Según Wilson Lebrón, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, la pesquisa sobre la desaparición se había reclasificado a homicidio y se mantenía bastante avanzada.

Sin embargo a preguntas de El Expresso, la progenitora de una de las víctimas, Rebeca Cordero, aseveró que la investigación fue trasladada al CIC de Vega Baja y la estarán trabajando otros agentes.

“Nosotros desconocemos la investigación que ellos están realizando, al encontrar los cuerpos en Vega Baja se nos notificó que ahora será el CIC de esa área la que continuará investigando; nosotros no sabemos nada de nada y estamos desesperados”, expresó la progenitora de Figueroa Cordero en medio del sepelio que se llevó a cabo en el nuevo cementerio de Toa Alta.

“Toda la familia se mantiene a la espera de información referente al caso ya que desconocemos si realmente se han evaluado los videos de cámaras de seguridad, si se han realizado entrevistas… ellos eran muchachos buenos, ellos no le robaban a nadie, seguimos a la espera de que nos digan algo”, dijo la madre.

Con camisas que ilustraban fotografías del fenecido, una guagua de sonido, flores y algunos globos, las decenas de personas recorrieron el cementerio hasta darle sepultura al joven.

“Las autoridades son los que se mantienen investigando, eso es lo único que sabemos, expresó Solette Cordero, hermana de la víctima.

Se supo que los familiares cremaron el cuerpo de Maisonet Cedeño, el otro joven asesinado, y se despedirán de las cenizas de forma privada.

Más investigaciones

A pesar de intentar conocer sobre lo que se habla en las comunidades cercanas sobre la desaparición y asesinato de ambos jóvenes, la Policía no descarta ningún ángulo entre ellos líos de falda o el narcotráfico.

Ante el traslado de la investigación a manos de otros agentes del CIC de Vega Baja, la progenitora de Figueroa Cordero aseguró que los oficiales se comprometieron en trabajar a fondo el asesinato.

“El CIC de Bayamón soltó el caso y se lo pasó a esa región. En la investigación al parecer ellos encuentran unas irregularidades, no sé cuáles serán ya que fue una pesquisa superficial; han expresado que estarán reiniciando el proceso y entrarán a fondo en el caso para dar con los responsables”, mencionó.




Enfocada en ayudar al necesitado

Michelle González Paonessa

michelle@elexpresso.com

TOA ALTA — Con el fin de promover el auto desarrollo, dar la mano a familias necesitadas e inculcar valores, la oficina de la primera dama de este municipio ha implantado varios programas que impactan a la población más vulnerable.

En entrevista exclusiva con Yaritza Rosario Soto, esposa del alcalde Clemente “Chito” Agosto, reveló a El Expresso la gran cantidad de personas que sufren de necesidades esenciales. “La necesidad en Toa Alta es grande, cada vez nos damos cuenta que nuestra gente necesita de nosotros y buscamos crear iniciativas dirigidas en atender a esa población”, explicó.

Tras caminatas junto a su esposo en las campañas eleccionarias del 2012 y 2016, Rosario relata haber conocido las necesidades de miles de familias. A raíz de eso, creó el Proyecto Eva, un programa que ha impactado a sobre mil personas en los primeros tres años.

A través del mismo se ofrecen talleres y capacitaciones de manera que las féminas adquieran conocimientos para mejorar su calidad de vida.

“Estas clases gratuitas o de bajo costo, buscan promover ese potencial que tiene cada mujer, cada jefa de familia para que pueda contribuir a su hogar, a la comunidad y obviamente a que obtengan ingresos y logren superarse”, dijo la primera dama de Toa Alta.

Al destacar los cursos de repostería y costura como los más concurridos, Rosario aseguró que entre las cientos de personas que se han beneficiado, gran parte ha promovido sus creaciones, han desarrollado micro empresas y otras sencillamente han “sanado su soledad”.

“Muchas de nuestras participantes acuden a los cursos, aprenden, se divierten, se distraen un rato, si tienen condiciones especiales ponen todo su empeño para olvidarse un rato de esos problemas, otras han tomado los cursos completos que ofrecemos de los básicos, intermedios y avanzados y al final le realizamos una graduación en las que se le otorga su certificado”, detalló.

Otro taller fomenta el aprendizaje de computadoras. Se dan ferias de salud, tarjetería fina, manualidades, completar el cuarto año de escuela superior, desarrollo de la mujer empresaria y manejo de  finanzas, entre otros.

Distribuyen comida

La oficina de la primera dama cuenta además con el Proyecto El Alfolí, dirigido  a ayudar a otras familias más necesitadas. Hay un espacio en la alcaldía donde se guardan alimentos enlatados y no precederos, además de ropa, zapatos, artículos para bebés y hasta muebles, entre muchísimos otros objetos donados.

Rosario Soto describe el espacio como el “almacén de bendiciones.”

“Aquí se guarda de todo, ya que vamos dirigidos a atender las necesidades apremiantes de las familias de Toa Alta. Por ejemplo, una familia a la cual se le incendió la casita de madera se le dio todo, desde ropita, artículos para el hogar, alimentos, y de esa forma identificamos a las familias que necesiten artículos o comida y el municipio les ayuda. Hemos tenido neveras, estufas,  de todo, recibimos los artículos que nos ofrezcan pero que estén en buenas condiciones,” subrayó a El Expresso.

El tercer proyecto que maneja Rosario Soto va dirigido a madres embarazadas o con bebés. Personal de la iniciativa Regalo de Amor visita a los nuevos padres y/o a la madre, a quien se le obsequia artículos para el bienestar del recién nacido.

 

  

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Exitoso el festival de ‘comics’

BAYAMON — Cerca de 60 jóvenes artistas participaron en el Festival Tintero, un evento de Comics y Arte desarrollado por el Centro Tecnológico de Bayamón, donde resaltó la creatividad y el talento de los artistas locales.

En este festival los artistas, dibujantes, pintores y diseñadores exponen todas las historietas que han desarrollado durante todo el año y son evaluados en tres categorías por un panel de cuatro jueces. Los trabajos se evalúan por su creatividad, contenido, presentación y trayectoria del trabajo.

Luis Torres, encargado del proyecto, dijo que Bayamón apoyó el talento de este grupo de jóvenes para que puedan utilizar este espacio para dar a conocer su obra, pues esa es la misión de este Centro Tecnológico, disponer de un espacio donde se les dé apoyo a los jóvenes para que puedan dar rienda suelta a la imaginación.

La joven Brenda Rodríguez, participante de la actividad, agradeció al alcalde Ramón Luis Rivera, en nombre del grupo, por compartir con los participantes e interesarse por sus trabajos.

 




Ciber ataque pone en evidencia precario sistema de seguridad en el gobierno

(CPI) – El gobierno no podrá ofrecer servicios en línea de forma eficiente mientras carezca de una política pública integral de tecnología, y el ataque cibernético que afectó la pasada semana al sistema electrónico del Departamento de Hacienda es prueba de ello, según tres expertos en tecnología consultados por el Centro de Periodismo Investigativo.

La falta de controles de seguridad y el uso de sistemas operativos obsoletos en esa agencia podrían parte de la razón por la que intrusos lograron acceso al sistema en el ataque que dejó inoperante su página web.

El gobierno ya tiene un informe preliminar sobre lo ocurrido el lunes, 6 de marzo y recomendaciones sobre la implementación de un sistema de seguridad específico para Microsoft, preparado por los mismos especialistas de esta compañía. Ese informe no entra en el aspecto forense del ataque pirata, explicó Luis Arocho González, Principal Oficial de Información del gobierno (conocido por sus siglas en inglés, CIO), quien además indicó que espera un segundo informe por especialistas en tecnología cibernética de la empresa CompSec Direct, con los detalles del origen y los posibles responsables del ataque pirata, el cual será entregado al FBI.

De acuerdo al funcionario, la falla del sistema surgió por la falta de una política de seguridad cibernética adecuada en la agencia, la principal responsable de recaudar las contribuciones de los ciudadanos.

“Los especialistas en tecnología cibernética nos han solicitado más tiempo para entregar la parte investigativa de la posible procedencia del ataque y la evidencia que se sometería a las autoridades federales que esperamos esté saliendo durante el fin de semana o para inicios de la próxima”, confirmó. No se ha cuantificado el costo del ataque pirata, pero la inversión preliminar del gobierno para normalizar el sistema según Arocho ronda los $200,000. Para mitigar el ataque, el gobierno contrató CompSec Direct, con base en Washington, que ha ofrecido servicios al Departamento de la Defensa de EE.UU.. Se integraron también a la investigación funcionarios de Hacienda, la Unidad de Crímenes Cibernéticos del FBI, y la Enterprise Incident Response, unidad élite de respuestas cibernéticas de Microsoft.

El sistema se restableció el pasado sábado -cinco días después del ataque-, pero el gobierno dejó de ingresar en recaudos unos $25 a $30 millones diarios durante una semana debido a que no se pudieron radicar planillas, confirmó el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, quien añadió que espera recuperar los recaudos esta semana.

“La seguridad en Hacienda estaba deficiente. Logran entrar porque había una contraseña básicamente como viene del manufacturero. No hay una política de seguridad ni controles establecidos. La operación en general no estaba a acorde con las mejores prácticas de seguridad”, dijo Arocho.

El funcionario admitió al Centro de Periodismo Investigativo que las configuraciones utilizadas por la agencia no se ajustan a las que son sugeridas por los parámetros de óptima seguridad del National Institute of Standards and Technology (NIST) del gobierno de Estados Unidos, y el Center for Internet Security, entre otras entidades. Mencionó que existen sobre 500 máquinas en la agencia con sistemas operativos que se consideran obsoletos por el manufacturero, y que por esta razón se han sacado del mercado, como Windows XP, Windows 2000 y servidores con Windows 2003.

En el caso del Departamento de Hacienda son varios los suplidores responsables de ofrecer la seguridad de los sistemas pero, Arocho aclaró que no han tomado la decisión de responsabilizarlos por el ataque cibernético. “No hemos llegado a eso”, dijo.

Todo apunta a un trabajo interno: federales investigan

Arocho mencionó que originalmente se creyó que se trataba de un ‘ransomware’, que es un virus que encripta o toma de rehén los archivos para solicitar una recompensa. No obstante, los especialistas se percataron de que se habían borrado datos de los servidores que tienen los discos que hacen resguardo a los sistemas Windows de la agencia, lo que no ocurre con el virus ransomware. De acuerdo al funcionario, en ese momento se tomó la determinación de iniciar una pesquisa criminal forense para precisar la identidad y el motivo de los autores del ataque, pues no se descarta que los piratas hayan tenido la intención criminal de borrar datos del Departamento de Hacienda.

“El objetivo pudo ser hacer daño en tiempos de planillas. Puedo pensar que lo hacen para evitar que pudiéramos recuperar el sistema. Quizá el ‘ransomware’ fue una distracción y el objetivo final fuese borrar data (sic)”, sostuvo. Los piratas solicitaban 22 criptomonedas por cada una de las 682 computadoras infectadas, lo que llevaba a $16.8 millones la cifra, según Hacienda.

Por su parte, Carlos Osorio, portavoz del FBI señaló que la intervención de la Unidad de Crímenes Cibernéticos se encamina a levantar evidencia sobre los responsables del ataque, que podría terminar en un pliego acusatorio, independientemente de la investigación que realiza el gobierno. Se negó a precisar cuándo podrían culminar la pesquisa federal. “Cuando entramos en una investigación entramos para radicar cargos si entendemos necesario”, puntualizó.

De acuerdo a Arocho, el responsable de proteger los datos y mantener una seguridad óptima del sistema es el dueño de la información, en este caso el Departamento de Hacienda.

Los sistemas de informática de esa agencia son monitoreados por el área de Tecnología de Información, que tiene una División de seguridad interna, y consultores externos. La empresa Microsoft ofrece servicios de monitoreo y seguimiento a sus propios sistemas; mientras que la empresa Evertec ofrece servicios de monitoreo y seguridad a otros sistemas de la agencia, explicó en una escueta declaración escrita la Oficial de Comunicaciones de Hacienda, Kiara Hernández González.

La pasada semana el secretario Maldonado confirmó que fueron suspendidos varios empleados que no siguieron los protocolos de seguridad. Maldonado admitió que la agencia fue laxa en el manejo de las contraseñas de los sistemas de información.

Relacionó el ataque pirata con un proceso de revisión de los sistemas en el que, como parte de la colaboración de la agencia con una investigación del FBI sobre presunto fraude en el área de licencias, dos empleados de área de Rentas Internas fueron arrestados la pasada semana.

“Se le quitó el acceso al sistema a un grupo de empleados debido a una investigación interna. Me levantó bandera por una cuestión operacional en la que los accesos al sistema en años anteriores (los tenía) personal de poca experiencia”, admitió Maldonado al CPI.

Por su parte, el CIO del gobierno anticipó que referirá el informe final al secretario de Hacienda y al gobernador Ricardo Rosselló, que incluirá medidas de seguridad y un plan de acción correctivo para mitigar los daños y corregir la fragilidad de los sistemas.

Manga por hombro la seguridad en los sistemas del gobierno

Las redes que tienen equipos que cumplen con las normativas para gobierno cuentan con la capacidad de habilitar servicios óptimos de seguridad pero, es imprescindible la educación de los usuarios, en este caso, los empleados públicos, y la responsabilidad de la administración del sistema, explicó Carlos Bouche, CIO de Mantis Corporation, empresa dedicada a la informática, automatización y mantenimiento de sistemas y seguridad.

“Al instalar un servidor tú le puedes decir que obligue al usuario a un cambio de la contraseña inicialmente y cada cierto tiempo. Una vez está configurado, lo puede hacer automáticamente. Hay que forzar las políticas de seguridad y reforzarlas para que se utilicen”, sostuvo.

Bouche criticó que no haya un sistema centralizado para minimizar los riesgos en distintos niveles de seguridad, ya que solo una parte que esté insegura pone en riesgo todo el sistema.

De acuerdo a las estadísticas recopiladas por la empresa global de investigaciones y expertos en seguridad cibernética Kroll Advisory Solutions, el 31% de los ataques cibernéticos son producto de la negligencia de los empleados, mientras que el 25% de las organizaciones identifican como la causa errores o fallas en los sistemas.

“El proyecto de seguridad para prevenir ataques desde la Red Interagencial del gobierno quedó paralizado y en el 2016 lo que se entregó en transición fue una red muy vulnerable”, confirmó el pasado Principal Oficial de Información del gobierno, Giancarlo González, quien opinó además que del 2013 al 2016 el deterioro en la visión y soporte a nivel central ha sido notable.

En el 2013, bajo el mandato de la oficina del CIO, Giancarlo González, existía un sub-director cuyo rol incluía velar por la seguridad de la red. Se había creado además, un comité de seguridad de informática compuesto por los jefes de tecnología de diversas agencias, entre ellas Hacienda, BGF, DTOP y un designado de Homeland Security. Estos esfuerzos se detuvieron al ser desmantelada la oficina en el 2015, aseguró el exfuncionario.

Para Arocho, el gobierno históricamente ha fallado al minimizar la posición del Principal Oficial de Información, que es el responsable de establecer y asegurar que se cumpla con una política pública adecuada sobre los sistemas de información.

“Olvídate de innovación; necesitamos una arquitectura de manejo de la información en los sistemas del gobierno holística. El gobierno carece de una política integral de tecnología. El CIO debería tener más poderes de ‘enforcement’ y de establecer políticas y procedimientos que sean seguidos en todas las agencias y corporaciones”, opinó  Gabriel Pagán, consultor independiente de infraestructura de tecnologías de información.

Arocho mencionó que no fue hasta que se dio este ataque cibernético que se determinó crear el Oficial de Seguridad Cibernética, posición que existe en todas las jurisdicciones de los Estados Unidos para asegurarse que se cumple con los estándares de seguridad necesarios para los servicios públicos que se ofrecen en línea.

Indicó que existe un proyecto de ley para crear una nueva agencia que estará a cargo de implementar las políticas de seguridad con un modelo tomado de la experiencia del US Digital Service y otros establecidos en Reino Unido.

También aclaró que la red de Hacienda está compuesta por muchos sistemas y aplicaciones, y que los datos de contribuyentes están en un sistema independiente por lo que no se comprometieron con el ataque. “La data (sic) de los contribuyentes no se vio afectada. Eso tiene su propio sistema de seguridad que de detectar una anomalía, puede protegerse”, aseguró Arocho. Si hubiese ocurrido, la reglamentación federal obliga que se notifique al usuario de cualquier instancia en la que sus datos se hubieran expuesto tras un ataque cibernético, explicó la Lcda. Julizzette Colón de la firma de consultoría de inteligencia social Monitor SN.

La abogada indicó que aunque cada jurisdicción maneja sus políticas de seguridad, y que existen unos requisitos básicos utilizados por el gobierno federal para las páginas web y servicios en línea.

Ataques cibernéticos de Hacienda y CRIM no están relacionados

El llamado ‘ransomware’ sí mantuvo fuera de operaciones el portal del Centro para la Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). Ambos ataques, aunque simultáneos, alegadamente no están relacionados, indicó Arocho, quien también destacó que en el CRIM había un mejor nivel de seguridad de los sistemas y un método de resguardo más eficiente que Hacienda, lo que minimizó el impacto del ataque.

El alcalde de Cidra y presidente del CRIM, Javier Carrasquillo, señaló que el ataque en esa agencia se considera externo, que se normalizó el sistema más rápido que en Hacienda y que no estuvo en riesgo la información de los usuarios.

“Debemos concluir que fue una casualidad. No están relacionados porque es muy diferente a lo ocurrido en Hacienda. Sí se presume que es intencional, pero no un ataque interno. Nos ayudó que estábamos en el proceso de actualizar la plataforma de seguridad a un sistema más avanzado conocido como Palo Alto Networks y al reconocer el ataque, el sistema pudo identificar el virus y aunque había afectado la funcionalidad, fue aislando y desechando la data (sic) encriptada y subió la que tenía en resguardo”, explicó el presidente del CRIM.

El CRIM tiene una División de Sistemas para establecer los procedimientos de seguridad para la plataforma. Carrasquillo dijo que desde esa oficina la agencia mantiene monitoreo continuo del sistema, lo que permitió identificar el virus a tiempo. Indicó que se bloquearon los accesos en la República de China y en Rusia, desde donde se identificó  ‘alta actividad sospechosa’ y se cree que se pudo haber originado el ataque.




JCA multa a empresa por supuestas violaciones a estatutos ambientales

SAN JUAN (CyberNews) – La Junta de Calidad Ambiental (JCA) expidió tres multas administrativas ascendentes a seis mil dólares a la compañía Guaynabo Destape Inc. por supuesto incumplimiento a los reglamentos ambientales de la agencia.

Según un parte de prensa, esto, luego que la empresa de recolecta y transporte de desperdicios sólidos no peligrosos supuestamente vaciara de forma inadecuada las aguas usadas de la Escuela Francisco Petri Mariani, ubicada en el barrio Guillarte de Adjuntas.

Se informó que los hechos ocurrieron el martes, 21 de marzo cuando la mencionada empresa, cuyo propietario es Ramón Villegas, realizaba trabajos en el plantel escolar. Según se desprende de la investigación realizada por personal técnico de la JCA, empleados de la compañía dejaron el camión tanque en la entrada del barrio Guillarte, pues las carreteras del sector y el tamaño del vehículo impedían la entrada del equipo hasta la escuela. Luego de dos viajes, en donde un camión más pequeño extraía las aguas usadas, los empleados de Guaynabo Destape se percataron que la válvula del vehículo principal estaba abierta, lo que provocó que las aguas usadas se derramaran en el terreno; sin embargo, la pesquisa de la JCA concluyó que el líquido no llegó hasta el cuerpo de agua cercano al área del incidente.

La denuncia presentada el martes pasado se atendió por los técnicos de la agencia y en menos de 72 horas la JCA emitió la orden con las multas administrativas.

Como resultado de la inspección, la Junta de Calidad Ambiental encontró deficiencias y violaciones al Reglamento para el Manejo de Desperdicios Sólidos No Peligrosos:

Primero, la investigación reflejó que Guaynabo Destape violó las condiciones del permiso, según dispone la Regla 643 E (1) que establece que “el poseedor cumplirá con todas las condiciones del permiso y cualquier incumplimiento constituirá una violación al estatuto y a la JCA.

Segundo, la empresa no tomó las precauciones necesarias para que no se derramaran los desperdicios sólidos no peligrosos, lo que constituye una violación a la Regla 531 K que establece que “ninguna persona transportará desperdicios sólidos no peligrosos en forma tal que puedan derramarse o descargarse en una vía pública; todo vehículo que se utilice para transportar desperdicios sólidos no peligrosos estará diseñado de forma tal que el desperdicio quede completamente encerrado y tapado.

Tercero, la empresa descargó los desperdicios sólidos no peligrosos en un lugar no autorizado por la JCA, lo que constituye una violación a la Regla 531 (1) que dispone que “ninguna persona ocasionará o permitirá la dispersión, derrame, descarga, depósito, disposición o acumulación de desperdicios sólidos no peligrosos en ningún predio, acera, vía de acceso pública o privada, cunetas, calles o cualquier sitio no autorizado por la JCA.

Por las citadas violaciones, la Junta de Calidad Ambiental impuso tres multas administrativas, cada una de 2 mil dólares. Igualmente, se ordena a Guaynabo Destape el cese y desista de causar o permitir la práctica de disponer desperdicios sólidos no peligrosos en predios no autorizados por la JCA y que la empresa desista de incumplir las condiciones del permiso de referencia.

Personal técnico de la agencia verificará el cumplimiento mediante auditorías e inspecciones, las que comenzarán una vez se complete el diligenciamiento de la orden; de incumplir con ella, la JCA podrá multar a la empresa con 25 mil dólares diarios hasta que la compañía cumpla con la misma.




Cataloga de inmoral sueldo de nueva directora de JCF

SAN JUAN (CyberNews)- El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Ríos, catalogó como “inmoral” el salario designado a la nueva directora ejecutiva de la Junta de Control de Fiscal (JCF), Natalie Jaresko.

 “Este salario atenta contra la sana administración pública. Es inmoral que una persona termine millonaria en apenas unos años, a costa del bolsillo de los puertorriqueños. Con qué moral la Junta de Supervisión Fiscal nos viene a decir cómo manejar las finanzas del país, cuando sus acciones se alejan totalmente del buen juicio a la hora de velar por el buen uso de fondos públicos”, sentenció en declaraciones escritas Ferrer Ríos.

Ferrer Ríos cuestionó también que el organismo federal reclutara a una persona oriunda de Ucrania, teniendo en Puerto Rico profesionales de calibre mundial que pueden hacer el mismo trabajo.

“Mi llamado es a reconsiderar este nombramiento, así como su salario de 625 mil dólares anuales. Ante la situación fiscal que enfrenta Puerto Rico, es irónico que en la propia Junta Fiscal sean los primeros irresponsables en la utilización del dinero del pueblo. Es una falta de respeto al país que la Junta pida ajustes en las pensiones, en la Universidad y en la salud, entre otros, cuando tienen a una sola persona cobrando 625 mil de fondos públicos”, formuló Ferrer Ríos.

Según el presidente JCF, José Carrión, tercero, la designada directora ejecutiva devengará un salario de 625 mil dólares anualmente por cuatro años, para un total de 2.5 millones de dólares.

Jaresko fungió como Ministra de Finanzas de Ucrania (2014-16). Nació en Chicago y sirvió en uno de los momentos más críticos de la historia de Ucrania, cuando el estado posrevolucionario fue sacudido por una ocupación extranjera y una profunda recesión.




Alertan sobre impacto de eliminación de subsidio del CRIM a municipios

El representante popular Jesús Manuel Ortiz dio a conocer, que la propuesta de aumento en el pago de la propiedad que propone la administración de Ricardo Rosselló, impactará directamente a cientos de miles de ciudadanos a partir de junio de este año. Esto como consecuencia de la eliminación de 350 millones en subsidios municipales y la intención de que estos ingresos sean sustituidos por los municipios a través de un aumento en dicha contribución.

“A partir de junio de 2017 el gobierno central comenzará a eliminar los $350 millones en subsidios a los municipios. En cambio, en su plan fiscal, proponen duplicar la tasa efectiva del impuesto a la propiedad inmueble de .38% a 0.65% para recaudar $426 millones. Esto supone, un aumento promedio de 70% sobre las 659,000 propiedades que actualmente pagan, según el informe anual más reciente del CRIM. Si hoy usted paga $400 dólares por concepto de contribución sobre la propiedad, su próximo cheque al CRIM posiblemente será de $680 dólares. De otra forma, si hoy paga $1,200 dólares, su próximo cheque al CRIM será de $2,040 dólares. Es un aumento significativo que impactará directamente a los ciudadanos”, indicó el legislador.

De 659,000 propiedades comerciales y residenciales, según el American Community Survey, alrededor de 494,000 o el 75% corresponde a viviendas principales de residentes que actualmente deben pagar contribuciones sobre la propiedad. Es un impuesto sumamente regresivo dado que los $426 millones recaen principalmente sobre un minúsculo grupo de hogares puertorriqueños, en especial sobre miles de familias que viven en residencias alquiladas.

La administración Rosselló justifica el ajuste comparando la tasa efectiva del impuesto sobre la propiedad inmueble en Puerto Rico con  otras jurisdicciones, en específico, Hawaii, Missouri y Nueva Jersey.

“La administración se equivoca en la comparación, pues olvida que los salarios devengados por las personas de estas jurisdicciones son mayores a los de Puerto Rico. Por ejemplo, el 61% de la población en Puerto Rico devenga ingresos menores de $25,000 al año, mientras que en New Jersey y Missouri la población que genera esa cantidad o menos es de 17% y 24%, respectivamente. Por otro lado, el gasto de alquiler en Puerto Rico, representa el 35% o más del ingreso mensual promedio para más del 50% de la población que vive bajo alquiler. Ajustar la tasa efectiva de Puerto Rico a la de un Estado, tendría un efecto de miseria sobre la mayoría de las familias. Así de violento será el impacto en la gente de esta acción del gobierno”, manifestó Ortiz González.

El ex Secretario de Asuntos Públicos recomendó que, para evitar golpear tan dramáticamente a más de medio millón de dueños de propiedades en la Isla, se evalúen otras opciones como aumentar la base de contribuyentes atrayendo más establecimientos comerciales mediante la baja en el costo de la energía eléctrica en la Isla, iniciar un proceso de identificar las propiedades que no están clasificadas dentro del CRIM y que actualmente no pagan contribuciones, aumentar contribuciones sobre las propiedades cuyo valor tasado sea mayor de 750 mil o intensificar el uso de leyes sobre el manejo de estorbos públicos para facilitar la expropiación de propiedades y la utilización de estas para su desarrollo y productividad.

“En medio de la peor crisis económica y fiscal que hemos vivido en nuestra historia, no podemos fundamentar un Plan de recuperación exclusivamente en medidas impositivas y de austeridad, lo que sin duda contraerá más la economía y nos alejará de la prosperidad. Tenemos que buscar opciones creativas, justas y que eviten poner la carga de la crisis sobre el que menos tiene”, concluyó.




Bajan los casos de Zika en la Isla

SAN JUAN (CyberNews) – Según informó la epidemióloga del Estado, la doctora Carmen Deseda, los casos de Zika en Puerto Rico han disminuido.

“El mayor número de personas contagiadas con Zika lo obtuvimos el año pasado en el 2016 entre los meses de agosto a septiembre. Era de esperarse entonces que para esta época debíamos estar atentos a esos nacimientos. Por eso es que desde hace mucho, hemos estado muy activos exhortando a través de los medios y en reuniones con médicos, ginecólogos, obstetras y pediatras a que aquellas madres que sean positivas al virus del Zika, lo notifiquen en el momento del parto y que se les haga la prueba de requerimiento a estos niños y se refieran a los centros pediátricos regionales para darle el seguimiento”, indicó Deseda en declaraciones escritas.

En detalle, la epidemióloga sostuvo que las estadísticas reflejan un descenso en los números de casos registrados. Esta semana se reportaron 89 casos, a diferencia de, los sobre 500 casos semanales que se reportaban anteriormente.

Mencionó que en total, 3,223 mujeres han dado positivo a la prueba. De estas, 1,829 mujeres tenían síntomas y 1,394 no presentaban síntomas.

El Departamento de Salud exhortó a toda mujer embarazada con prueba positiva de Zika coordine con su médico que esta información esté disponible momento del parto para proceder con la evaluación del bebé y que este sea referido a los centros pediátricos regionales.